Comprendo, por tanto, el enojo de los propietarios de los supermercados donde un grupo de jornaleros andaluces han sustraído comida. Aunque el objetivo sea noble, ya he dicho que a nadie le gusta que le quiten lo suyo y entiendo, pues, que hayan dado parte a las autoridades.

Incluso entiendo que éstas se hayan movilizado enseguida y que los dirigentes de algunos partidos hayan pedido rápidamente que se castigue a los culpables. Es lo que ha hecho el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien afirmó que espera que el diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, sea denunciado por robo porque, según ha dicho, “las leyes se tienen que cumplir y tiene que tener conductas ejemplares. Esta forma de protestas me parecen lamentables y espero que la Justicia tome cartas en el asunto”.

Ya digo que me parece normal. Pero lo que, sin embargo, no me parece tan normal es que estas autoridades y los políticos que se han escandalizado tanto por el hurto de los jornaleros sean tan poco sensibles a otros robos mucho más grandes que ocurren a diario en nuestro país. Es decir, que se enrabien tanto por un hurto de poca monta y no persigan los grandes robos y estafas.

Veamos:

Supongamos que los jornaleros llenaron cada uno de los carros con comida por valor de 300 euros cada uno (lo que significaría, por cierto, que la cantidad total hurtada es muy pequeña para Carrefour y Mercadona, pues entre ambas empresa obtuvieron 845 millones de euros de beneficios en 2011, y si suponemos que recogieron 25 carros de comida resulta que con ese beneficio se podrían llenar 2,8 millones de carros con comida por valor de 300 euros cada uno).

Comparemos ahora este hurto con otros tres robos de los que se han producido o se producen día a día en España:

a) Robo de las compañías eléctricas.

El ingeniero Antonio Moreno ha demostrado que “cada día que pasa sin que el Gobierno apruebe la normativa oficial que defina en qué consiste “la adecuada renovación y actualización del parque de contadores”, las compañías eléctricas cobran ilegalmente las siguientes cantidades (incluido el IVA):

- Más de 600.000 euros por un servicio (“la adecuada renovación y actualización del parque de contadores”) que no prestan porque el Gobierno aún no ha definido en qué consiste dicho servicio.

- Entre 196.000 y 342.000 euros por el error positivo que tiene el 80% de los contadores debido a que no han sido verificados periódicamente porque el Gobierno aún no ha publicado la correspondiente normativa”.

 Es decir que las compañía eléctricas (solo por cobrar un servicio de renovación y actualización de contadores que no prestan) roban cada día a los españoles el equivalente a 2.000 carros de supermercado con comida por valor de 300 euros cada uno, lo que representa unos 730.000 carros al cabo del año. 

Como puede verse en la web de Antonio Moreno (http://www.estafaluz.com) si se suman los demás conceptos de la estafa continua de estas empresas, resultaría que nos están robando el equivalente a muchísimos más carros.

b) Robo de las preferentes.

Como es sabido, un buen número de bancos engañó a miles de ahorradores españoles colocándoles “participaciones preferentes” como si fueran depósitos, sin informarles de que en realidad son una especie de acciones sin derecho a voto y cuyo efectivo solo se podría recuperar en condiciones muy leoninas (Un reportaje de Tele5 sobre este tema aquí).

Como consecuencia de ese engaño de los bancos alrededor de un millón de personas han perdido la inmensa mayoría de sus ahorros, calculándose que esas pérdidas, un verdadero robo, pueden tener un valor de entre 10.000 y 30.000 millones de euros.

Si aceptamos la estimación más baja (10.000 millones), resulta que los bancos han robado a un millón de españoles, y solo por el concepto de participaciones preferentes, el equivalente a 33 millones de carros de supermercado cargados con comida por valor de 300 euros cada uno.

c) Fraude fiscal.

Según los técnicos del Ministerio de Hacienda el 72% del fraude fiscal (que es de unos 89.000 millones de euros en total), lo realizan las grades fortunas y grandes corporaciones empresariales, lo que significa que éstas dejan de pagar a Hacienda unos 64.000 millones de euros al año.

Si aceptamos que evadir el pago de impuestos al que estamos obligados es un robo a la sociedad, resulta que las grandes fortunas y corporaciones roban a todos los españoles el equivalente a 213 millones de carros de supermercado cargados con comida por valor de 300 euros cada uno.

A estos robos podríamos añadir otros a gran escala, como el que han padecido las familias engañadas que contrataron con bancos créditos con cláusulas suelo fraudulentas (información aquí y aquí), los que practican las empresas farmacéuticas (información aquí), o el sinfín diario de malas prácticas de los bancos que cuestan miles de millones a todos los españoles (adicae). Por no hablar del robo global y de cantidades astronómicas que ha supuesto la crisis financiera, de el de los rescates bancarios, etc.

En conclusión: me podría parecer razonable que se quiera perseguir y condenar a los jornaleros que han hurtado unos cuantos carros de comida por valor de unos 7.500 euros y no en beneficio propio. Pero lo que me pregunto es otra cosa: ¿cómo es posible que los mismos jueces, fiscales, policías, autoridades… que están persiguiendo y que terminarán por encarcelar a los jornaleros responsables por el hurto de unos cuantos carros de comida no persigan con semejante celo a quienes nos están robando cantidades que son varios millones de veces más grandes?

No sé que piensan los lectores y lectoras pero, a la vista de este comportamiento tan contradictorio y de la falta de persecución efectiva que tienen esos robos multimillonarios, lo que yo creo es que criminalizan a los jornaleros no porque les preocupe el robo en sí sino por otra cosa: porque están tirando de la manta para que se vea la peor y más asquerosa vergüenza de nuestro mundo opulento: el hambre. Un sufrimiento, no lo olvidemos, que no es un accidente ni el resultado de la falta de recursos sino, como decía el anterior Relator de las Naciones Unidas para los Problemas de la Alimentación, Jean Ziegler, “un crimen organizado contra la Humanidad”. Y es por eso, creo yo, que los criminales que lo cometen o que ayudan a cometerlo no quieren que se hable de ello.

Así que no seamos hipócritas: Si las autoridades que tanto reclaman el respeto al orden y la propiedad fueran coherentes y acabaran con lo verdaderos ladrones que están robando a la inmensa mayoría de la sociedad no habría más jornaleros llevándose comida de los supermercados.