Lo que se podría haber hecho con el dinero defraudado por la corrupción

Más de 10.000 millones de euros es la cifra que muchos políticos españoles han robado del presupuesto nacional; eso es 250 veces el presupuesto de la Cruz Roja o el total de los recortes en sanidad y educación.

Fuente: Política Lola L. Muñoz 21 Marzo 2016 21:52

España, 2016. La tasa de paro alcanza el 22,7% de la población activa, aumentando hasta el 46,2% en el caso de los menores de 25 años. Con el recorte de presupuesto en educación más de 900.000 estudiantes de educación obligatoria (primaria y secundaria) han perdido su ayuda para la compra de libros y material escolar, lo que supone que 9 de cada 10 niños ya no reciben esa beca. En los niveles no obligatorios, los becarios han perdido un 27% del dinero que recibían anteriormente. Los recortes en sanidad han afectado a miles de miembros del personal que han visto su salario reducido, y a otros muchos que han sido despedidos; además, se han eliminado las inversiones en infraestructura hospitalaria y se ha recortado en el gasto de medicamentos.

España, 2016. Sólo en los casos de corrupción más sonados, los políticos españoles han defraudado más de 10.691 millones de euros.

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Las cifras de la corrupción

Trajes, mariscadas, coches de lujo y cocaína. Estos son algunos de los destinos que ha recibido el dinero defraudado del erario público, el dinero que sale del trabajo de todos los españoles. Día tras día han aparecido en las noticias numerosos casos de corrupción que se extienden por toda la geografía española; casos de corrupción que han desviado dinero público a bolsillos privados.

El ranking de la vergüenza sobre el dinero robado lo encabeza el caso de los Cursos de Formación, con 3.000 millones de euros. Tanto es el dinero que se defraudó en este caso, utilizando el presupuesto que la Junta de Andalucía destinaba teóricamente para la formación de trabajadores, que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describió el caso con las palabras 'fraude masivo'.

En un claro empate sobre miles de millones defraudados, el primer puesto del ranking lo comparten los cursos de formación con el caso Pujol. Y es que 3.000 millones de euros es la cifra cuyo origen debe justificar Oleguer Pujol, hijo del histórico expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol. Se cree que esta cantidad de dinero parte del cobro sistemático de comisiones ilegales durante 23 años por adjudicación de obras públicas.

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Muy de cerca en este ranking de la caradura política le sigue el caso Malaya, que ostenta el honor de ser el caso juzgado con una mayor cantidad de dinero defraudado: a 2.800 millones de euros les sale la broma a los contribuyentes españoles. El caso Malaya, que se destapó hace ya diez años, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia de la democracia española: se disolvió el Consistorio y se constituyó una comisión gestora que gobernó hasta mayo de 2007, más de un año.

Este caso de corrupción, además, al darse en pleno boom inmobiliario parece que también tiene el honor de ser el caso más extravagante: durante el proceso de investigación policial se practicaron numerosos registros en los que se intervino, entre otros, obras de arte de pintores varios, caballos de pura raza, armas de gran valor monetario, coches de lujo y cantidades de dinero por un total de 2.400 millones de euros. Y sí, también un helicóptero.

El tercer caso en el que más dinero se ha defraudado es, esta vez sí, el caso de los ERE andaluces. Concretamente se ha desviado dinero que estaba destinado a financiar las prejubilaciones de trabajadores en empresas con problemas presupuestarios. Y más concretamente, hay más de 250 personas imputadas (de las que 27 son cargos públicos) que han defraudado un total de 1.200 millones de euros.

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Al lado de estos montantes millonarios, casi parece que la trama Gürtel, con 120 millones de euros defraudados, y la trama Púnica, con 500 millones de euros desviados a través de concesiones ilegales, se quedan pequeños. Tampoco sorprenden ya casos como el de Bárcenas, 30 millones de euros, el caso Nóos, 16 millones o, el último caso, los presuntos 25 millones de euros amañados por los directivos de la empresa pública Acuamed, del que los medios hablaron el mes pasado.

A pesar de que los políticos siguen intentando impresionar a los ciudadanos con nuevos casos de fraude millonario, como el caso Taula, del que no hay cifras pero parece que ascienden a varios cientos de millones, es precisamente el hecho de que estos casos no sorprendan lo que debería sorprendernos. Y es que... ¿qué se puede hacer con todo ese dinero desviado?

La factura de la corrupción: lo que no se ha podido hacer

Cuando se piensa que son más de 10.000 millones de euros la cifra que se ha defraudado, aparece inmediatamente el mayor ajuste que el Gobierno del Partido Popular realizó en julio de 2012 a las partidas de la educación y la sanidad: 10.000 millones de euros de recorte que podrían haberse evitado sin estos casos de corrupción.

Sólo en 2014, por otro lado, se recortaron 1.034 millones de euros en la ayuda a la dependencia; es decir, menos que lo que se defraudó únicamente en el caso de los ERE andaluces. Otras partidas como Justicia y Defensa sufrieron un recorte de 1.500 y 5.654 millones de euros, respectivamente. El dinero fruto de estos casos de corrupción equivale aproximadamente a casi la totalidad del dinero que Hacienda recaudó en 2014 en sus actuaciones contra el fraude fiscal, que ascendió a un total de 12.318 millones de euros.

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Estos 10.000 millones de euros suponen una cantidad ligeramente mayor que el presupuesto completo para educación de una comunidad autónoma como Valencia, y el presupuesto en sanidad de Cataluña, que también ha sufrido recortes en estos últimos años.

Durante estos últimos años de crisis, además, se han producido una media de 80.000 desahucios al año, en muchos casos sin alternativa habitacional. Tal fue la situación de desprotección de las familia, que la Unión Europea realizó varios avisos al Gobierno español, precisamente por no proteger al deudor frente a la banca, lo que dio pie a que se aprobase una ley que todavía no ha impedido los desahucios forzosos. Este dinero podría haberse utilizado para ofrecer alquileres sociales o algún otro tipo de alternativa habitacional.

Saliendo un poco de los presupuestos nacionales, con este dinero se podría haber pagado más de 250 veces el presupuesto de Cruz Roja, de sólo 42 millones. También se podría haber financiado tres veces el presupuesto de la Unión Europea en Cooperación Internacional, o los 6.400 millones de euros que tuvo ACNUR como presupuesto el año pasado, cuando se produjo la mayor crisis de refugiados en la historia desde la Segunda Guerra Mundial.

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Todo esto que se podría haber hecho y que se ha dejado de hacer, además, influye en los porcentajes de desigualdad. Un informe de Hacienda revela que los que declaraban tener más de 30 millones de euros en 2013 superaban a los de 2012, y eran casi el doble que los de 2007. Mientras tanto, el alto nivel de paro, la precarización del empleo y los recortes del gasto público siguen aumentando la brecha que empuja a la clase trabajadora cada día más hacia el abismo.