Las asociaciones de ciclistas, la industria y diferentes actores que conforman el ecosistema de la bicicleta han mostrado su decepción ante el veto unilateral del Ministerio de Hacienda a su petición de aplicar el tipo de IVA reducido a la compra, alquiler y reparación de bicicletas.
“Usuarios y asociaciones hemos trabajado mucho para conseguir que pudiera introducirse una enmienda de los presupuestos generales del estado en defensa del uso de la bicicleta. Es absolutamente decepcionante que el veto del Gobierno no permita que este tema, de vital importancia para la sociedad y la industria nacional, no pueda ser ni siquiera objeto de debate en el Congreso de los Diputados”, dice Jesús Freire, Secretario General de AMBE.
Según el propio Freire, “los representantes del sector y los ciclistas hemos trasladado en varias ocasiones al Gobierno la necesidad de adoptar medidas y aplicar incentivos concretos que impulsen el uso de la bicicleta, lo que solo produciría importantes beneficios en la movilidad de nuestras ciudades, en la mejora de la salud de la ciudadanía, en el cuidado de nuestro entorno y en la creación de empleo local”.
El veto a esta enmienda es difícil de explicar y de entender, ya que el propio Gobierno anunció hace menos de un año la puesta en marcha de la denominada “Estrategia Estatal por la Bicicleta” como un pilar estratégico fundamental para afrontar los retos en materia de movilidad, salud y cambio climático a los que se enfrenta la sociedad española en los próximos años. Es más, la propia “estrategia” abría la puerta a la adopción de medidas fiscales para el impulso de la bicicleta como la aplicación de un tipo de IVA reducido.
Laura Vergara, Gerente de la Asociación ConBici que representa a organizaciones en defensa de la bicicleta, afirma que “la decepción inicial se transforma en verdadera preocupación cuando se constata que, desde junio de 2021 en que fue aprobada la Estrategia Estatal por la Bicicleta, el Ministerio de Hacienda no ha propuesto ningún incentivo fiscal concreto para fomentar el uso de las bicicletas como mejor alternativa para la movilidad sostenible; como podría ser incorporar la bicicleta a los mecanismos de retribución flexible o establecer incentivos a la movilidad laboral en la Ley de Movilidad Sostenible”.
Además, conviene recordar que también a finales del pasado año, el Consejo de Ministros de Hacienda de la UE aprobó por unanimidad (y con el voto favorable de España) la inclusión de la venta, alquiler y reparación de bicicletas en el anexo III de la Directiva del IVA que faculta a los estados miembros a aplicar un tipo de IVA reducido a estas actividades bajo el argumento de su contribución a la mejora del medio ambiente y de la salud pública.
“No se entiende”, continúa diciendo Laura Vergara, “que hace un año el Gobierno apoyara esta medida de forma explícita en el seno de la Unión Europea y ahora, con los precios de los carburantes y de la electricidad en máximos históricos, se oponga a aplicarla en nuestro país para ayudar a la bicicleta a convertirse en la alternativa más eficiente, tanto para reducir la demanda energética como para mitigar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos y contribuir a la transformación de la movilidad en nuestras ciudades”.
Los representantes de ambas Asociaciones concluyen que la rebaja del IVA de las bicicletas es justa y viable presupuestariamente en el momento actual. El incremento del precio medio de las bicicletas en los últimos años, motivado por el aumento en la venta de bicicletas eléctricas, ha tenido como consecuencia un importante crecimiento de la recaudación por IVA que se ha más que duplicado. Por tanto, existe margen más que suficiente para compensar esta subida desproporcionada.
Desde el punto de vista económico, es indudable que la rebaja del IVA produciría un efecto positivo sobre la demanda y compensatorio de parte de la pérdida de los ingresos tributarios directos, además de su efecto inducido sobre los productos complementarios asociados a la bicicleta y no sometidos a IVA reducido (ropa y calzado, elementos de protección y seguridad, etc.)
Los PGE 2023 eran la mejor oportunidad para avanzar, aunque no la única. Por ello, tanto AMBE y ConBici como los actores del ecosistema de la bicicleta vuelven a ponerse a disposición del Gobierno y del resto de grupos políticos para dialogar y compartir un espacio de trabajo colaborativo con un objetivo común: obtener todo el valor público y social que la bicicleta puede ofrecer a la sociedad española desde el punto de vista de la salud, la movilidad, el medio ambiente y la economía.
